CHECKPOINT EL REFUGIO DE LA SOBERANÍA: SHEINBAUM EN LA ÓRBITA DE TRUMP
RESUMEN
El reducido margen fiscal y el bajo crecimiento económico condicionan severamente la gestión de Claudia Sheinbaum. Frente a la falta de una reforma tributaria y a la rigidez del gasto social, el margen de acción interno del gobierno es casi nulo.
A esta asfixia financiera se suma la presión externa de Washington. Ante la posibilidad de enfrentarse a un conflicto comercial o a la revelación de nuevos expedientes de corrupción contra sus funcionarios, el gobierno ha optado por recurrir a la defensa de la soberanía como mecanismo de comunicación política.
El incremento de la retórica nacionalista busca cohesionar a su base social y contener el desgaste de la aprobación presidencial antes de las elecciones intermedias de 2027. Así, el discurso patrio funciona como un escudo defensivo que enmascara la encrucijada real del Ejecutivo: la escasez de dinero en lo interno y la subordinación estratégica en lo externo.
LA SEGURIDAD EN EL CENTRO DEL DEBATE
En todas las encuestas publicadas, la aprobación de la presidenta Claudia Sheinbaum se ha estancado al final de su segundo año de gobierno, tras mantener una tendencia a la baja desde que terminó la “luna de miel”, coincidiendo con el inicio de la presidencia de Donald Trump en Estados Unidos.
Los estrechos márgenes de maniobra de la presidenta Sheinbaum, consecuencia de las severas restricciones financieras y del bajo dinamismo económico, se suman a las constantes exigencias del presidente Donald Trump al gobierno de México. La presión del gobierno estadounidense se ha ejercido, tanto mediante el uso de aranceles como herramienta de negociación, como en materia de seguridad, tras la emisión de las órdenes ejecutivas del presidente Trump a inicios de 2025, que formalizaron la designación de los cárteles del narcotráfico como organizaciones terroristas extranjeras.
La entrega de presuntos delincuentes requeridos por la justicia de Estados Unidos refleja un acelerado incremento: durante 2025, el gobierno de la presidenta Sheinbaum autorizó la transferencia y extradición, en diversas modalidades, de 130 delincuentes solicitados por agencias estadounidenses para enfrentar cargos en sus cortes, a los que se sumaron 48 procesados más en el transcurso de 2026, acumulando un total de 178 personas enviadas. Destacan, entre los perfiles entregados, objetivos prioritarios buscados por las autoridades estadounidenses durante décadas, cuyos traslados desde México bajo la actual administración se resolvieron en cuestión de horas.
La frecuencia de las comunicaciones directas entre ambos jefes de Estado refleja la intensidad del escrutinio al que está sometido el gobierno mexicano: mientras que durante el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador se registraron apenas 10 llamadas telefónicas con el presidente Trump en un lapso de 781 días (una llamada en promedio cada 11 semanas), bajo la gestión de la presidenta Sheinbaum se han contabilizado 22 llamadas en un periodo de 630 días (al 12 de octubre de 2026), lo que representa una llamada cada 4 semanas en promedio, el triple que con su predecesor.
Asimismo, la revocación sistemática de visas de ingreso a Estados Unidos a políticos, legisladores y funcionarios mexicanos durante el periodo 2025-2026, incluyendo la del hijo menor del presidente López Obrador, ha funcionado como un instrumento de denuncia mediática sobre una posible colusión con el crimen organizado.
A pesar de que la emisión de visados constituye un trámite administrativo y discrecional de Estados Unidos, las y los políticos del gobierno mexicano han buscado utilizarlo como evidencia de una supuesta intromisión del gobierno estadounidense y de una supuesta invasión a la soberanía.
LA PERCEPCIÓN DE CORRUPCIÓN SUBYACE Y SE FORTALECE
Las inéditas acusaciones formales y las denuncias presentadas por el gobierno estadounidense contra diversos funcionarios mexicanos tienen un doble impacto. Por un lado, Washington señala una supuesta colusión entre gobernantes mexicanos en funciones y el crimen organizado, lo que desplaza el debate público en México lejos de los avances del gobierno de la presidenta Sheinbaum, quien se ve obligada a ocupar el tiempo de sus conferencias de prensa diarias a atajar los señalamientos. Por otro lado, la constante negativa del gobierno mexicano a reconocer el vínculo entre gobernantes y crimen organizado —argumentando falta de pruebas mientras en Estados Unidos avanzan expedientes, acusaciones formales y testimonios protegidos— refuerza en México una percepción creciente de impunidad que restablece la imagen de corrupción como uno de los principales problemas.
Ante las acusaciones de Estados Unidos, la presidenta Sheinbaum enfrenta una situación extremadamente compleja, pues impulsar las investigaciones en México implica un alto costo político para el gobierno federal y las administraciones locales, justo en la antesala del proceso electoral de 2027 —donde se renovarán la Cámara de Diputados, 17 gubernaturas, alcaldías y congresos locales— lo que centraría la corrupción como el tema de las elecciones. Por lo tanto, la respuesta del gobierno de México ha sido recurrir a su último dique retórico: apelar a la defensa de la soberanía nacional.
LA SOBERANÍA AL RESCATE
El gobierno de México ha instrumentado una estrategia de comunicación enfocada en el reposicionamiento de símbolos nacionales y la apelación constante a la soberanía patria. El giro retórico se vuelve evidente al comparar la estructura, extensión y carga conceptual de los discursos pronunciados en los Informes de Gobierno en Palacio Nacional frente a los discursos masivos ofrecidos en el Zócalo de la Ciudad de México durante los años 2025 y 2026. Mientras que en los discursos correspondientes al año 2025 la atención estuvo concentrada en la exposición de datos operativos sobre programas sociales, bienestar y reformas al Poder Judicial, para el año 2026 se observa un despliegue sin precedentes de terminología nacionalista y patriótica.